Otra invasión, ya sea por parte de las tropas estadounidenses y canadienses o de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, solo profundizará la crisis.
En la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 24 de septiembre de 2022, el ministro de Asuntos Exteriores de Haití, Jean Victor Geneus, admitió que su país enfrenta una grave crisis que, según dijo, “solo puede resolverse con el apoyo efectivo de nuestros socios”. Para muchos observadores cercanos de la situación que se desarrolla en Haití, la frase “apoyo efectivo” sonó como si Geneus estuviera señalando que otra intervención militar de las potencias occidentales era inminente. De hecho, dos días antes de los comentarios de Geneus, The Washington Post publicó una editorial sobre la situación en Haití en la que pedía “una acción contundente por parte de actores externos”. El 15 de octubre, Estados Unidos y Canadá emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaban el envío de aviones militares a Haití para entregar armas a los servicios de seguridad haitianos. Ese mismo día, Estados Unidos presentó un proyecto de resolución al Consejo de Seguridad de la ONU en el que pedía el “despliegue inmediato de una fuerza multinacional de acción rápida” en Haití.
Desde que la revolución haitiana consiguió la independencia de Francia en 1804, Haití se ha enfrentado a sucesivas oleadas de invasiones, incluyendo una ocupación estadounidense de dos décadas, de 1915 a 1934, una dictadura respaldada por Estados Unidos de 1957 a 1986, dos golpes de Estado respaldados por Occidente contra el expresidente progresista Jean-Bertrand Aristide en 1991 y 2004, y una intervención militar de la ONU de 2004 a 2017. Estas invasiones han impedido que Haití asegure su soberanía y que su pueblo construya una vida digna. Otra invasión, ya sea por parte de las tropas estadounidenses y canadienses o de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, solo profundizará la crisis. El Instituto Tricontinental de Investigación Social, la Asamblea Internacional de los Pueblos, ALBA Movimientos y la Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif [Plataforma Haitiana de Defensa para un Desarrollo Alternativo o PAPDA] han elaborado una alerta roja sobre la situación actual en Haití, que puede encontrarse a continuación y descargarse en formato PDF.
¿Qué está sucediendo en Haití?
A lo largo de 2022 se ha desarrollado una insurrección popular en Haití. Estas protestas son la continuación de un ciclo de resistencia que comenzó en 2016 en respuesta a una crisis social desarrollada por los golpes de Estado de 1991 y 2004, el terremoto de 2010 y el huracán Matthew de 2016. Durante más de un siglo, cualquier intento del pueblo haitiano de salir del sistema neocolonial impuesto por la ocupación militar estadounidense (1915-34) ha sido respondido con intervenciones militares y económicas para preservarlo. Las estructuras de dominación y explotación establecidas por ese sistema han empobrecido al pueblo haitiano: la mayor parte de la población no tiene acceso a agua potable, atención sanitaria, educación o vivienda digna. De los 11,4 millones de habitantes de Haití, 4,6 millones sufren inseguridad alimentaria y el 70% están desempleados.
La palabra del creole haitiano dechoukaj o ‘arrancar’ —que se utilizó por primera vez en los movimientos por la democracia de 1986 que lucharon contra la dictadura respaldada por Estados Unidos— ha pasado a definir las protestas actuales. El gobierno de Haití, dirigido por el primer ministro y presidente en funciones Ariel Henry, subió los precios del combustible durante esta crisis, lo que provocó la protesta de los sindicatos y profundizó el movimiento.
Henry fue instalado en su puesto en 2021 por el “Grupo Central” (formado por seis países y liderado por Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y la Organización de Estados Americanos) tras el asesinato del impopular presidente Jovenel Moïse. Aunque todavía no se ha resuelto, está claro que Moïse fue asesinado por una conspiración en la que participaron el partido en el poder, bandas de narcotraficantes, mercenarios colombianos y servicios de inteligencia estadounidenses. Helen La Lime, de la ONU, dijo en febrero al Consejo de Seguridad que la investigación nacional sobre el asesinato de Moïse se había estancado, una situación que ha alimentado los rumores y ha exacerbado tanto la sospecha como la desconfianza dentro del país.
¿Cómo han reaccionado las fuerzas del neocolonialismo?
Estados Unidos y Canadá están armando al gobierno ilegítimo de Henry y planeando una intervención militar en Haití. El 15 de octubre, Estados Unidos presentó un proyecto de resolución al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el que se pide el “despliegue inmediato de una fuerza multinacional de acción rápida” en el país. Este sería el último capítulo de más de dos siglos de intervención destructiva de los países occidentales en Haití. Desde la revolución haitiana de 1804, las fuerzas del imperialismo (incluidos los propietarios de esclavos) han intervenido militar y económicamente contra los movimientos populares que buscan acabar con el sistema neocolonial. Recientemente, estas fuerzas entraron en el país bajo el amparo de las Naciones Unidas a través de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (MINUSTAH), que estuvo activa desde 2004 hasta 2017. Una nueva intervención de este tipo en nombre de los “derechos humanos” no haría más que reafirmar el sistema neocolonial gestionado ahora por Ariel Henry y sería catastrófico para el pueblo haitiano, cuyo avance está siendo bloqueado por bandas creadas y promovidas desde la sombra por la oligarquía haitiana, apoyadas por el Grupo Central, y con armas de Estados Unidos.
¿Cómo puede el mundo solidarizarse con Haití?
La crisis de Haití solo puede ser resuelta por el pueblo haitiano, pero debe ser acompañado por la inmensa fuerza de la solidaridad internacional. El mundo puede recurrir a los ejemplos demostrados por la Brigada Médica Cubana, que acudió por primera vez a Haití en 1998; por la brigada de Vía Campesina/ALBA Movimientos, que ha trabajado con los movimientos populares en la reforestación y la educación popular desde 2009; y por la ayuda prestada por el gobierno venezolano, que incluye descuentos en el precio del petróleo. Es urgente que quienes se solidaricen con Haití exijan, como mínimo:
Que Francia y Estados Unidos reparen el robo de la riqueza haitiana desde 1804, incluida la devolución del oro robado por EE. UU. en 1914. Solamente Francia debe a Haití al menos 28.000 millones de dólares.
Que Estados Unidos devuelva la isla de Navassa a Haití.
Que la ONU pague por los crímenes cometidos por la MINUSTAH, cuyas fuerzas mataron a decenas de miles de haitianos, violaron a un número incalculable de mujeres y niñas e introdujeron el cólera en el país.
Que se permita al pueblo haitiano construir su propio marco político y económico soberano, digno y justo, y crear sistemas de educación y salud que puedan satisfacer las necesidades reales del pueblo.
Que todas las fuerzas progresistas se opongan a la invasión militar de Haití.
Las demandas de sentido común contenidas en esta Alerta roja no requieren mucha elaboración, pero sí necesitan ser difundidas.
Los países occidentales hablarán de esta nueva intervención militar con frases como “restaurar la democracia” y “defender los derechos humanos”. Los términos “democracia” y “derechos humanos” son degradados en estos casos. Esto se evidenció en la Asamblea General de la ONU en septiembre, cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su gobierno sigue “apoyando a nuestro vecino Haití”. La vacuidad de estas palabras se revela en un nuevo informe de Amnistía Internacional que documenta los abusos racistas a los que se enfrentan las personas haitianas que solicitan asilo en Estados Unidos. Puede que Estados Unidos y el Grupo Central estén con gente como Ariel Henry y la oligarquía haitiana, pero no están con el pueblo haitiano, incluidos quienes han huido a Estados Unidos.
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