Contexto necesario para una adecuada interpretación y entendimiento del resultado de las recientes elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela
Por Alejandro Torres Rivera
7 de agosto de 2024
En el año 1998 llegó a la presidencia de Venezuela el comandante Hugo Chávez Fría. Comenzó así un proceso de transformación histórica del gobierno y el pueblo venezolano, siendo uno de los primeros pasos estratégicos la convocatoria a una Asamblea Constituyente que permitiera la transformación del Estado venezolano. La nueva Constitución fue ratificada soberanamente por el pueblo venezolano en 1999. Desde entonces, fueron múltiples las acciones de la oposición venezolana, con el apoyo de Estados Unidos y la complicidad de la Organización de Estados Americanos, la OEA, dirigidos a desestabilizar y derrocar el orden constitucional establecido.
Tan temprano como en febrero de 2002 se desarrolló un frustrado Golpe de Estado ampliamente respaldado por dichos sectores, organizaciones y gobiernos contra el presidente constitucional Hugo Chávez Frías. Superado el Golpe de Estado y de regreso a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela del presidente Hugo Chávez, el proceso político de cambio en Venezuela ha sido uno tortuoso, difícil y contradictorio.
En el país en América Latina que mayores procesos electorales se han realizado en dos décadas, cada evento ha sido cuestionado por la oposición al gobierno revolucionario como un proceso cargado, fraudulento y antidemocrático. Las pasadas elecciones del 28 de julio de 2024 no han sido la excepción, aunque la polarización en este caso sí ha sido mayor.
Para entender el contexto en el cual debemos examinar los recientes sucesos vinculados a las elecciones efectuadas en Venezuela el pasado 28 de julio, se impone la necesidad de recordar los antecedentes de las pasadas dos décadas, destacando al menos los siguientes hechos:
En diciembre de 2014 el gobierno de Estados Unidos, dentro del marco de su política injerencista, aprobó la ley titulada Ley en Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela. Su origen se encuentra en un proyecto de ley sometido en el mes de marzo de ese mismo año por parte del Senador demócrata de origen cubano-estadounidense por el estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez, hoy convicto por corrupción, lavado de dinero y enemigo de la Revolución Cubana y Bolivariana.
La Ley facultaba al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a sancionar las personas que él determinara habían sido responsables o causantes de alegados actos de violencia contra elementos de la oposición política en Venezuela. La Ley le autorizaba, además, a imponer a los responsables por tales actos, sanciones que incluían, entre otras medidas, el bloqueo de sus activos, establecer prohibiciones sobre transacciones con sus propiedades en Estados Unidos y la revocación de sus visados y otros documentos emitidos conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Al año fiscal transcurrido a partir de la aprobación de la Ley, se asignaron fondos millonarios para ser utilizados con los siguientes propósitos: (a) defender los derechos humanos en Venezuela; (b) aumentar la capacidad de la sociedad civil en dicho país; (c) apoyar los medios de comunicación independientes y procurar el acceso de éstos, sin restricciones, a la internet; (d) mejorar la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas; y finalmente, (e) ayudar a la sociedad civil venezolana, a periodistas y a manifestantes que el presidente de Estados Unidos determinara habían sido víctimas de la represión por parte del gobierno venezolano.
Durante los años 2014 y 2015 la oposición política venezolana, tras su derrota en diversos procesos electorales, promovió un clima de inseguridad y violencia en el país con el objeto de establecer condiciones que propiciaran otro Golpe de Estado.
El 12 de febrero de 2015 el gobierno venezolano hizo público la manera en que los organismos de seguridad del Estado habían logrado frustrar una intentona golpista contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El 9 de marzo de 2015 el presidente de Estados Unidos, Barak Obama, promulgó una Orden Ejecutiva titulada Contributing to the situation in Venezuela (“Contribuyendo a la situación en Venezuela”). En ella incluyó a siete funcionarios de alto nivel del gobierno venezolano vinculados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la fiscalía, los cuales desempeñaron desde sus respectivas responsabilidades públicas un rol activo en el proceso de desbaratar, en forma anticipada, el intento de Golpe de Estado fraguado para el 12 de febrero de 2015.
Con tal proceder, Estados Unidos procuraba estigmatizar cualquier gestión que dichos funcionarios llevaran a cabo en el futuro contra la oposición política golpista y en la defensa y protección de los intereses del Estado venezolano.
En el año 2015 la Casa Blanca hizo público una versión editada de un estudio titulado Estrategia Nacional de Seguridad (2015). En él, la Rama Ejecutiva de Estados Unidos de América delinea cada quinquenio, lo que serán los énfasis de su gobierno en materia de seguridad. Al momento en que se aprobó este documento, no era el gobierno de Nicolás Maduro el que en Venezuela contribuía a la destrucción de la democracia; sino que era el propio Gobierno de Estados Unidos el que había sido responsable de apoyar en Venezuela un Golpe de Estado y varias intentonas más promoviendo la desestabilización del gobierno mediante el respaldo a grupos de pandilleros y delincuentes que promovían la violencia.
El 1ro. de mayo de 2017, el presidente Nicolás Maduro, invocando sus artículos 347, 348 y 349 de la Constitución vigente de 1999, convocó al pueblo venezolano a una Asamblea Nacional Constituyente. Su propósito fue hacer aquellos cambios necesarios al documento fundacional del Estado con miras a salvaguardar y profundizar las conquistas revolucionarias.
Señaló como propósito de la convocatoria, elevar a rango constitucional las misiones creadas por la Revolución Bolivariana, a saber: (a) la Misión Vivienda, que abría paso al acceso ciudadano a la vivienda; (b) la Misión Barrio Nuevo y la Misión Tricolor, las cuales habían sido cruciales en la prestación de servicios y cuidados de salud para los sectores más frágiles de la sociedad venezolana; y (c), la Misión Alimentación, que había garantizado a la población de menos recursos económicos el acceso a la alimentación en momentos en que los sectores de la oligarquía escondían alimentos para provocar una escasez que llevara al caos; ello ante insinuaciones por parte de la Asamblea Nacional bajo control de elementos de la derecha política de que se proponían eliminar de cara al futuro tales programas.
En aquel momento el gobierno venezolano denunció al menos 11 pronunciamientos públicos y cuatro comunicados hechos por el gobierno de Estados Unidos en contra de su país; así como la campaña llevada a cabo por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, entre el 28 de febrero al 19 de abril de ese año, que incluyó cuatro sesiones extraordinarias del organismo aprobando ilegítimamente resoluciones contra Venezuela sin que hubiera el consenso de los países integrantes de la OEA. En esta maniobra del Secretario General de dicho organismo, contó a través de sus respectivas cancillerías, con la complicidad de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Uruguay.
Dentro de la anterior estrategia diseñada contra Venezuela, se han desarrollado varios ejercicios militares auspiciados por el Comando Sur de Estados Unidos. En ellos han participado efectivos militares estadounidenses ubicados en instalaciones militares localizadas en Colombia, junto a efectivos brasileños y peruanos.
Ante el éxito obtenido por el gobierno venezolano y ante el apoyo manifiesto mayoritario de la población al proceso constituyente, se generaron nuevas manifestaciones de parte del gobierno estadounidense y de la oposición venezolana. Tras el fracaso de la violencia terrorista desatada durante el año 2017 y la pérdida de su capacidad para derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el plan contra la República Bolivariana de Venezuela entró en una nueva fase. Su objetivo era acabar con la revolución bolivariana poniendo en marcha un programa de ataques directos, promovidos y dirigidos desde el exterior. Uno de los más destacados fue el fallido atentado contra la vida del presidente Nicolás Maduro en el marco de la conmemoración y desfile militar en ocasión del 81 Aniversario de la fundación de la Guardia Nacional de Venezuela. En el atentado se utilizaron dos pequeños aviones no tripulados (drones), con capacidad para transportar explosivos.
El 20 de mayo de 2018 el pueblo venezolano fue convocado a ejercer su derecho al voto en las elecciones generales para la presidencia de la República. Éstas fueron precedidas por las elecciones regionales llevada a cabo durante el mes de octubre de 2017. Aquellas elecciones habían estado previstas para efectuarse el 10 de diciembre de 2016, pero debido a la inestabilidad política creada por la oposición venezolana promoviendo el caos social y la violencia en el país, fueron aplazadas temporalmente por el presidente Nicolás Maduro Moros, ello con el apoyo del Consejo Nacional Electoral (CNE). Contrario a todo pronóstico de la oposición, en las elecciones regionales el chavismo, una vez más, resultó triunfante. En ellas fueron electos las gobernaciones regionales en los diferentes estados de la República Bolivariana de Venezuela.
En la historia reciente de Venezuela, con sus alzas y bajas en cuanto a participación, las elecciones han sido un paradigma importante en la legitimación ante el pueblo de la Revolución Bolivariana. En las elecciones de 2005 la participación electoral de los ciudadanos con derecho al voto fue muy baja, limitándose a 25.26% de los electores inscritos. En ellas, la llamada oposición boicoteó el proceso electoral. Sin embargo, en las elecciones efectuadas el 27 de septiembre de 2010, sin que hubiera tal boicot electoral, la participación aumentó a aproximadamente a un 65% de los electores inscritos, limitándose la abstención a un 35%. El resultado en ambos casos, sin embargo, aunque por márgenes distintos, fue el triunfo electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) junto con las otras fuerzas electorales que apoyaron su programa de gobierno.
En las elecciones parlamentarias de 2010 participó el 66.45% de los electores inscritos. El sector adepto a la Revolución Bolivariana, agrupado bajo el PSUV, obtuvo el 48.13% votos con un total de 98 escaños de los 165 que integran la Asamblea Nacional; mientras que la oposición, agrupada en torno a la Mesa de Unidad Democrática (MUD), obtuvo el 47.22% de los votos obteniendo un total de 65 escaños. La organización Patria para Todos, por su parte, obtuvo el 3.14% de los votos acumulando dos diputados. En estas elecciones el PSUV no logró obtener el número de 110 diputados necesarios para obtener las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, lo que se conoce bajo el artículo 203 de la Constitución como “mayoría cualificada”.
En las elecciones del 6 de diciembre de 2015 el pueblo venezolano compareció nuevamente a las urnas para seleccionar quiénes pasarían a ser los integrantes para un nuevo quinquenio de su Asamblea Nacional. Para entonces el registro electoral lo componían 19.5 millones de electores. La participación electoral ascendió a 74.17% de los electores inscritos. En ellas la oposición, organizada bajo la MUD, obtuvo 109 escaños en el parlamento, a pesar de que captaron el 56.25% del total de los votos. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), junto a otras organizaciones agrupadas bajo el Gran Polo Patriótico (GPP), obtuvo 55 escaños a pesar de captar el 40.91% de los votos; es decir, con apenas 16% menos de los votos, obtuvo la mitad de los escaños que alcanzó la MUD. En estas elecciones hubo también tres diputados electos por las comunidades originarias. Esta representación se articula con un diputado electo por dichas comunidades, uno en la Región Occidental, otro de la Región Oriental y un tercero de la Región Sur.
Los diputados en aquella Asamblea Nacional tomaron posesión de sus cargos el 5 de enero de 2016 sin que la MUD hubiera obtenido una “mayoría cualificada”. De haberla alcanzado, la mayoría parlamentaria de la MUD hubiera tenido la capacidad de disponer de asuntos tan importantes como revocar decretos emitidos por el Presidente; aprobar leyes que fueran por encima del veto presidencial; llevar a cabo referéndums populares; elaborar diferentes proyectos de ley para su aprobación directa; así como intervenir directamente en la aprobación o revocación de tratados, acuerdos internacionales y convenios entre Venezuela y otros países. Entre los convenios que la Asamblea Nacional podría haberse planteado intervenir se encontraban aquellos negociados y vigentes entre la República Bolivariana de Venezuela y Cuba; como también aquellos acuerdos de Venezuela con países como la República Islámica de Irán y la Federación Rusa.
Una “mayoría cualificada” en la Asamblea Nacional por parte de la oposición le hubiera permitido, también, intervenir con el Poder Judicial mediante la revocación de jueces y con otros asuntos de la competencia de dicha rama de gobierno. De hecho, previo a las elecciones, ya la oposición se había pronunciado a favor de aprobar una Ley de Amnistía al amparo del Artículo 187 (5) de la Constitución de la República, para beneficiar aquellos presos encarcelados como resultado de dictámenes judiciales donde resultaron convictos dirigentes de la MUD en disturbios que promovieran en años anteriores. Entre los que podrían haberse beneficiado de tal amnistía se encontraban aquellos culpables por los sucesos de 2013 en los cuales fallecieron 43 ciudadanos, dejando además, el saldo de cientos de heridos, en su mayoría afectos al gobierno de Maduro. Entre los condenados por tales actos aún se encontraba el dirigente opositor Leopoldo López.
Ya antes de estas elecciones el proceso electoral venezolano mostraba alguna erosión en el voto a favor del PSUV. Por ejemplo, en las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013 hubo una menor participación de los electores ascendiendo al 58.92%. A pesar de ello, el voto capturado por el PSUV fue de un 49.24%, mientras el voto de la Oposición ascendió a 47.72%. En ellas, 8.03% fueron electores que respondieron a otras agrupaciones en la contienda electoral. Para entonces el universo de los electores capacitados para votar era de 19,066,431 ciudadanos.
Si examinamos las elecciones presidenciales de 2014, la diferencia entre el voto emitido a favor de Nicolás Maduro, frente el voto del candidato de la oposición Henrique Capriles, se redujo a 1.5% de los votantes.
Otra manifestación de esta realidad polarizada se produce a partir del 1 de mayo cuando el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, anunció la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente al amparo de los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución vigente de 1999. La convocatoria suponía el llamado a elegir sus delegados conforme al modelo de elección establecido por Decreto Presidencial.
A pesar del boicot promovido por la oposición venezolana, a las 11:49 p.m. de la fecha de la elección para seleccionar los delegados que conformarían la Asamblea Nacional Constituyente, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó el voto de 8,890,300 venezolanos de un total de 19.447 millones electores inscritos, lo que representó una participación de 41.53% de los electores hábiles.
A pesar de que la cantidad de votos emitidos ciertamente reflejó un incremento en el número de votos si se compara los obtenidos por el presidente Maduro en las elecciones presidenciales de 2013 cuando obtuvo poco más de 7 millones de votos; o de las elecciones legislativas de 2015, cuando el PSUV alcanzó sólo 5.6 millones de votos frente a 7.7 millones obtenidos por la oposición; en la ecuación había que tomar en consideración el incremento en el número de electores inscritos.
En las elecciones del 15 de octubre de 2017, convocadas para elegir los futuros gobernadores de los Estados de Venezuela, de un total de 18,099,391 electores hábiles para votar, participó el 61.03%. En el contexto de sus resultados, el porciento de los votos obtenidos por el chavismo, agrupado esta vez en el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), ascendió al 54% de los votantes; mientras la oposición nuevamente agrupada en la MUD, obtuvo sólo el 44.31%.
Es importante destacar la participación histórica de los electores venezolanos en las elecciones efectuadas desde el triunfo de Hugo Chávez a la luz de lo que han sido los porcientos de abstención. Veamos: 1989 se abstuvo de votar el 54.9%; en 1992 se abstuvo el 50.7%; en 1995 se abstuvo el 53.8%; en 1998 se abstuvo el 45.6%; y 2017 se abstuvo el 38.86% de los electores inscritos.
En las elecciones del 20 de mayo de 2018, sin embargo, bajo las más difíciles condiciones económicas que había tenido que enfrentar el presidente Nicolás Maduro desde que llegó al poder, de poco más de 20.5 millones de electores hábiles, participaron del proceso electoral casi 9 millones y medio de electores para un total de 46.07%. El número de abstenidos fue de poco más de 11 millones, para un 53.99%. Estos porcientos reflejan una disminución notable en la participación en el proceso si lo comparamos con los años 1989, 1992 y 1995. Sin embargo, la reducción en la participación no deslegitima el proceso ni su resultado.
De los que sí participaron del proceso, el presidente Maduro obtuvo más de 5.8 millones de votos para un 67.84%; mientras el voto de la oposición se distribuyó entre los candidatos Henry Falcón con un 20.93% de los votos; Javier Bertucci con el 10.82% de los votos; y finalmente, Reinaldo Quijada, con 0.40% de los votos. Afirmar que el resultado no es legítimo porque la oposición no participó del proceso sería un argumento falso que no se sostiene en los hechos. Del resultado de estas elecciones lo que sí se desprende es que entre los que optaron porque su voto se contara en las urnas, el presidente Nicolás Maduro obtuvo un sólido apoyo de más de dos terceras partes de los votantes.
El 25 de octubre de 2018, en ocasión de su comparecencia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente estadounidense Donald Trump se expresó contra el presidente Maduro, su gobierno y la Revolución Bolivariana. Allí anunció su decisión de forzar su derrocamiento, dando a conocer nuevas sanciones económicas contra Venezuela, las cuales se sumaron a la congelación de las operaciones de las estaciones de gasolina Citgo, empresa subsidiaria de PDVSA fuera de territorio venezolano, que operaba con derivados del petróleo venezolano en Estados Unidos. Como parte de las nuevas sanciones, se prohibieron las compras por parte de Venezuela a empresas estadounidenses con dólares. Trump señaló, además, que no descartaba ninguna medida contra Venezuela, lo que sugería que la amenaza de una intervención militar, estaba planteada como una de las opciones a considerar por parte de Estados Unidos y algunos países de la región.
Ya en una noticia publicada en Bogotá por AP el 4 de julio de 2018, se indicaba que el año anterior el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunido con asesores, funcionarios y presidentes de la región a puertas cerradas, habría planteado el tema de la intervención militar en Venezuela. Señalaba, además, que Trump también había expresado el 11 de agosto de 2018 que la opción militar contra Venezuela estaba planteada como una opción real.
En Puerto Rico, a través de declaraciones del gobernador Ricardo Rosselló, nuestro país fue ofrecido como plataforma de intervención contra el gobierno legítimo de Venezuela. Rosselló ha señaló que la Isla sería un “centro logístico” desde donde se prepararía la transición de Venezuela hacia una democracia plena. A tales fines, indicó, que el gobierno de Puerto Rico daría el espacio para la celebración de la reunión de la llamada “Comisión de Reconstrucción de Venezuela”, bajo la dirección del opositor ex alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, hoy residente de España.
Ya en el mes de mayo de 2018 la administración Trump había establecido sanciones relacionadas con el transporte de petróleo a Cuba. Durante los días 19 y 22 de julio aviones espías volaron en las inmediaciones del espacio aéreo venezolano, mientras el 1 de agosto se amenazó con establecer una “cuarentena”. Si se toma como base la experiencia cubana en los años sesenta, cuando se habla de “cuarentena”, se refiere a un bloqueo naval contra dicho país. De hecho, no pasa desapercibido las expresiones del Asesor en Seguridad Nacional del presidente estadounidense, John Bolton, al indicar entonces que era el momento de actuar, advirtiéndole a la Federación Rusa que no hiciera una mala apuesta en dos ocasiones.
El 5 de agosto de 2019, a las 9:00 a.m., entró en vigor una Orden Ejecutiva suscrita por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobando nuevas sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la República Bolivariana de Venezuela. La Orden Ejecutiva fue un incremento en la política injerencista de Estados Unidos que ya había incluido movimientos de desestabilización violenta; intentos de golpe de Estado; la adopción de medidas extraterritoriales dirigidas a asfixiar económicamente al país; y la congelación de importantes activos, materiales y monetarios, de Venezuela en bancos extranjeros e inversiones en Estados Unidos. Con esta Orden Ejecutiva se perseguía bloquear el acceso de Venezuela al sistema financiero internacional.
Al día siguiente de emitirse la Orden Ejecutiva, el gobierno de Estados Unidos enmendó una disposición sobre las prohibiciones de viajes a Venezuela estableciendo 13 excepciones a la prohibición.
Tras la designación por la Asamblea Nacional venezolana de Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela tras desconocer dicho cuerpo legislativo el resultado de las elecciones de 2018, éste nombró una Junta Directiva del Banco Central de Venezuela disputando la legitimidad de la Junta Directiva en funciones. La legalidad de los nombramientos de Guaidó fueron cuestionados ante el Tribunal Supremo de Venezuela el cual resolvió mediante sentencia la ilegalidad de los mismos.
Sin atenerse al fallo, los funcionarios designados por Juan Guaidó reclamaron el derecho a disponer de los depósitos en oro venezolanos consignados en el Banco de Inglaterra. La controversia llegó a los tribunales. Tras cuatro días de juicio una jueza británica dispuso mediante sentencia que “no hay bases” para reconocer un fallo de la corte venezolana que declaró inconstitucional la designación de los nombramientos hechos por Juan Guaidó a la junta directiva del Banco Central de Venezuela. Indicó que los nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela eran jueces que apoyan el gobierno de Nicolás Maduro, por lo que sus decisiones no eran reconocidas bajo la ley británica.
Guaidó reclamó que la Junta por él designada era la representante legítima del Banco y como tal la entidad a la cual le corresponden las 32 toneladas del oro venezolano depositadas.
Para formar una idea del despojo hecho al patrimonio venezolano, el peso de una tonelada equivale a 2 mil libras. Toda vez que una libra la componen 16 onzas y cada onza de oro se cotizaba en esos momentos en los mercados internacionales en alrededor de $1,700.00, el despojo de recursos económicos contra el gobierno constitucional venezolano rondaría en algo más de un billón de dólares. Sin embargo, de acuerdo con una noticia que publica CNN el pasado 29 de julio de 2018, el monto real del valor de estas 32 toneladas sería de “$2,000 millones en oro”.
El 3 de diciembre de 2023 se llevó a cabo un referéndum en la República Bolivariana de Venezuela en torno a cinco preguntas básicas en torno al reclamo histórico de Venezuela de su soberanía sobre la región del Esequibo, fronteriza con la República Cooperativa de Guyana, a saber: (a) Si los venezolanos rechazan por todos los medios, conforme a derecho, la línea demarcatoria impuesta por un Laudo Arbitral de 1899 delimitando la frontera de Venezuela con la región llamada Esequibo; (b) Si se apoya el “Acuerdo de Ginebra de 1966” como base para resolver la disputa territorial sobre la región del Esequibo entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana (RCG); (c) Si se está de acuerdo con la posición de Venezuela sobre esta controversia de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia; (d) Si se está en contra de la posición de la RCG de unilateralmente disponer de un mar pendiente de delimitar de manera legal y en violación al derecho internacional; (e) Si se está de acuerdo con la creación por Venezuela del estado de Guayana Esequiba, que incluya la otorgación de ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando dicho estado al mapa de Venezuela.
El resultado de la consulta, en la cual participaron de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral 10,554,320 electores de un total de 20.7 millones, arrojó un resultado favorable al interés de Venezuela por parte del 95% de los votantes.
El territorio Esequibo reclamado por Venezuela comprende 160 mil Km.2. En él residen aproximadamente 125 mil habitantes. Representa dos terceras partes del territorio que hoy reclama la República Cooperativa de Guyana (RCG) como su territorio. En total, la población que reclama para sí la RCG, incluyendo el territorio esequibo, alcanza 800 mil personas. Intereses económicos de empresas multinacionales extranjeras están detrás de esta controversia.
Actualmente, el gobierno de Nicolás Maduro ha ofrecido licencias autorizadas a través de PDVSA para la exploración de petróleo, gas y minas; ha establecido una “zona de defensa integral de la Guayana, como también ha dispuesto el establecimiento de una sede política administrativa. El territorio en disputa, además del petróleo y gas, es rico en yacimientos de oro, cobre, diamantes, hierro, bauxita, aluminio, manganeso y uranio. Se indica que al presente Exxon/Mobil ha identificado 46 zonas con unos 11 mil millones de barriles de petróleo, que representan el 0.6% de las reservas mundiales, particularmente en una zona de 26 mil Kms.2 frente a las costas del territorio en disputa. Producto de la explotación de minerales en la región del esequibo, la República Cooperativa de Guyana ha triplicado el PIB desde 2019. Se estima que para el año 2027 esté extrayendo 1.2 millones de barriles de petróleo por día.
La situación de tensión entre los dos países puede dar lugar al desarrollo de un conflicto mayor, particularmente en momentos en que sobre Venezuela el gobierno de Estados Unidos ha venido promoviendo un proceso desestabilizador. Un incidente de mayores proporciones en la frontera con Guyana podría llevar a una intervención en la región de parte de Estados Unidos, como también de su aliado cercano, el Reino Unido de la Gran Bretaña.
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela anunció el viernes 26 de enero de 2024 que el Tribunal Supremo del país había determinado la inhabilitación de la dirigente opositora María Corina Machado para ejercer funciones públicas por un período de 15 años. El fallo judicial se produjo en conformidad con la Resolución emitida por la Contraloría de la República 01-00-00825 de 16 de septiembre de 2021. Esto conllevó que Machado no podía ser la candidata de la oposición a la presidencia del país en las elecciones pautadas para el 28 de julio de 2024.
María Corina Machado fue imputada de incurrir en actos de corrupción vinculados con el intento de presidir el país por parte de Juan Guaidó, y de “traición a la Patria” por su vinculación y apoyo a las medidas económicas tomadas por el gobierno de los Estados Unidos al imponer su bloqueo a empresas del gobierno de Venezuela en los Estados Unidos. Junto a ella se inhabilitó otro conjunto de ciudadanos de Venezuela en sus aspiraciones electorales a puestos públicos, como es el caso de Henrique Capriles Randonski.
La reacción de los Estados Unidos no se hizo esperar anunciando que no renovaría la “Licencia General 44” al petróleo y a la minería que había concedido a Venezuela a raíz de los Acuerdos de Barbados de octubre de 2023 que planteaba elecciones con la participación de la oposición en 2024. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, su decisión se mantiene en la medida que Venezuela no permita una “apertura democrática” y se retracte del veto impuesto a la candidatura de María Corina Machado. Estados Unidos determinó, además, que las autorizaciones dadas a empresas petroleras para llevar a cabo negocios con Venezuela vencerían el 18 de abril de 2024. Previamente, había revocado la licencia que autorizaba a dicho gobierno hacer negocios con CVG Minerven (Compañía General de Minería de Venezuela), dedicada a la minería de oro.
La imposición de las medidas por parte de Estados Unidos a Venezuela, sin embargo, produjo un efecto negativo en los inventarios de petróleo de Estados Unidos. La producción de Venezuela se ha reducido de 3.2 millones de barriles diarios 400 mil en el 2020. Actualmente ronda los 800 mil barriles. Estados Unidos ha impuesto desde 2017 sanciones al petróleo venezolano.
Venezuela respondió a través de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez y de su canciller, Yván Gil, indicando que efectivo al 13 de febrero de 2024, suspendería los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos, fecha en que además, quedarían sin efecto las primeras licencias con relación a transacciones con oro venezolano.
Venezuela ha catalogó las anteriores acciones por parte del gobierno de Estados Unidos y la oposición venezolana, así como de otras tantas que no mencionamos como injerencia en los asuntos internos su país y un chantaje al proceso revolucionario bolivariano.
Previo al 28 de julio de 2024, a nivel internacional y en la propia Venezuela se orquestó de cara a las pasadas elecciones una campaña dirigida a deslegitimar el proceso electoral. Desde mucho antes de que el mismo fuera llevado a cabo ya se establecía cual letra escrita en piedra que las ganaría la oposición. En caso de que ese no fuera éste el resultado, el discurso sería la comisión de fraude electoral por parte de las autoridades venezolanas. Se trata de un discurso ya antes repetido en elecciones previas.
Si bien el principal candidato de la oposición fue Edmundo Gonzáles Urrutia, para nadie es secreto que se trata de un alter ego de la opositora inhabilitada María Corina Machado, que es la voz fuerte de la oposición en las pasadas elecciones y es la voz predominante hoy en las movilizaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, pesar de que existen otros candidatos de la oposición que participaron del proceso electoral. Otros candidatos opositores a Nicolás Maduro fueron Luis Eduardo Martínez (Plataforma Unitaria Democrática), Antonio Ecarri (La Nueva Venezuela), Benjamín Rausseo (CONDE), Enrique Márquez (Pacto Histórico), José Brito (Plan B), Javier Bertucci (CAMBIO), Claudio Fermín (SPV) y Daniel Ceballos (AREPA).
A raíz del resultado de las elecciones, se ha declarado por el Consejo Nacional Electoral el triunfo de Nicolás Maduro sobre su principal opositor Edmundo González Urrutia por poco más de un millón de votos, obteniendo así Maduro el favor del 52% de los votantes.
Por su parte Estados Unidos, la Unión Europea y diferentes gobiernos, incluso algunos latinoamericanos, han respondido desconociendo tal resultado, mientras otros reclaman la revisión de las actas electorales y el recuento de votos en el proceso electoral del pasado 28 de julio de 2024. La oposición venezolana alega haber obtenido el 67% de los votos emitidos sobre el 30% obtenido por Nicolás Maduro.
Presidentes de países latinoamericanos como son José Ignacio (Lula) Da Silva (Brasil), Andrés Manuel López Obrador (México) y Gustavo Petro (Colombia) han hecho esfuerzos en la búsqueda de una solución política, consensuada, a la situación en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, por su parte, ha dejado sentado su disposición a la revisión por parte del Tribunal Supremo de Venezuela de la totalidad de las actas electorales.
Sectores de la oposición venezolana al igual que los seguidores del presidente Maduro siguen movilizándose en las calles, en ocasiones con enfrentamientos entre los opositores y las fuerzas del orden público. La posición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional, al presente, se mantienen firmes en su apoyo al gobierno constitucional del presidente Maduro.
Las condiciones creadas por más de una década por sectores internos y externos al gobierno bolivariano ciertamente se están dejando sentir en estos momentos. Ningún gobierno en los pasados 20 años, quizás exceptuando el de Cuba, ha recibido tanta presión externa injerencista dirigida a su desestabilización como la que ha recibido el gobierno bolivariano de Venezuela. Por esto, a la hora de analizar la situación actual en Venezuela, tomando en consideración las responsabilidades o cuotas de responsabilidad que puedan ser atribuidas a errores en el manejo de la situación interna por parte de su Gobierno, no podemos dejar de considerar, entre otros, la secuela de eventos narrados en el presente escrito.
Los procesos revolucionarios, aún con sus imperfecciones, tienen perfecto derecho a defender sus conquistas, sobre todo cuando el proceso desestabilizador en su contra es alimentado desde el exterior con el apoyo de los sectores vinculados a estos intereses extranjeros dentro del país.
Los resultados de las pasadas elecciones en Venezuela presentan un cuadro incierto de cara al futuro. Estamos ante un país seriamente dividido, un pueblo sumamente golpeado en su economía como resultado de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, también es un “bravo pueblo” que como indica su himno que “el yugo lanzó”, para el cual el regreso a la alternancia política del pasado siglo tampoco es opción.
La salida a la actual crisis en Venezuela debe ser una de naturaleza política, consensuada entre los propios venezolanos y nunca producto o resultado de la intervención o la injerencia extranjera. La actitud que hasta ahora se percibe por parte de la oposición venezolana camina en una dirección contraria. La salida a la crisis debe ser una creativa donde los valores del proceso de transformación social, económica y política que entrañó el cambio en el país luego de 1998 se sostenga. La alternativa no puede ser promover un golpe de Estado “sangriento” como tampoco un golpe de Estado “blando”.
En la búsqueda de una solución a esta crisis política, el acompañamiento abierto en el proceso de búsqueda de opciones por parte de los presidentes de Brasil, México y Colombia; como también la mediación del propio Papa Francisco, pudiera ser un paso significativo. Cada hora en la búsqueda de soluciones cuenta.
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