Por Alejandro Torres Rivera
17 de enero de 2025
El pasado 10 de enero de 2025 Nicolás Maduro Moros juró como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. De esta manera asume la dirección del país para un tercer mandato. La ocasión ha sido aprovechada por Estados Unidos, la Unión Europea, varios gobiernos latinoamericanos y la oposición política interna para insistir en sus alegaciones en torno al carácter fraudulento del resultado de las elecciones efectuadas del 28 de julio de 2024.
De acuerdo con la certificación del Consejo Nacional Electoral, Maduro prevaleció en las elecciones por poco más de un millón de votos, obteniendo el favor del 52% de los electores votantes. El principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia sostiene haber obtenido el 67% de los votos, imputándole a Maduro sólo el 30% de los votos emitidos.
Como todo país, la República Bolivariana de Venezuela cuenta con su propia normativa electoral. La misma se desarrolla a partir de la aprobación de su Constitución el 15 de diciembre de 1999, ratificada con el 71.78% de los votos. Previo a ello, el 87.75% de los electores se habían expresado en favor de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para crear un nuevo orden jurídico.
La Constitución venezolana dispone en su artículo 347 que la fuente primaria de la soberanía la tiene el pueblo venezolano y que es éste, y no al margen del mismo, donde reside el poder constituyente originario. Precisamente al amparo de ese poder constituyente originario fue que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue redactada y aprobada.
Dispone además la Constitución venezolana en su artículo 136, que el poder público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadual y el Poder Nacional. Este último, a su vez, se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Ciudadano y Poder Electoral; es decir, en cinco poderes políticos a diferencia de la nuestra o la de Estados Unidos, que está integrada por tres poderes políticos.
El Poder Electoral en Venezuela lo ejerce, como ente rector, el Consejo Nacional Electoral. A éste quedan supeditados la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento. El Consejo Nacional Electoral, a su vez, lo integran cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos. Tres de ellos son postulados por la sociedad civil; otro por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de universidades nacionales; y otro por el Poder Ciudadano. Conforme al artículo 297 de la Constitución, la jurisdicción contenciosa electoral la ejerce la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
La “Ley Orgánica de los Procesos Electorales”, por su parte, dispone en su artículo 164 que corresponderá a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y a los Tribunales competentes en la materia, tanto la revisión en sede judicial de los actos, actuaciones y abstenciones del Consejo Nacional Electoral, como también, de las impugnaciones por razones de inelegibilidad de candidatos a puestos electivos.
Podemos estar o no de acuerdo en cómo el pueblo de Venezuela, en el ejercicio de sus poderes soberanos, ha estructurado su normativa constitucional y legal. Lo que no podemos es pretender, desde afuera, que su normativa constitucional y legal sea con arreglo a lo que nosotros creamos le conviene a Venezuela. Es al propio pueblo venezolano y a nadie más, en el ejercicio de su poder constituyente y de sus poderes constituidos, a quien le corresponde afirmar o modificar su estado de derecho y sus instituciones y no a nosotros.
La oposición política en Venezuela y el coro de países que se suman a ella en tal discurso, deslegitiman la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Venezuela sobre las bases de que son jueces nombrados bajo el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué de extraño tiene esto? ¿Acaso no son los jueces y juezas de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, o del Tribunal Supremo de Puerto Rico según sea el caso, nombrados por el presidente o gobernador, y no los confirma el Senado? ¿Tal realidad hace que las decisiones de dichos cuerpos colegiados relacionadas con las elecciones, o con el proceso electoral propiamente, no sean legítimas por el mero hecho de que tales jueces han sido nombrados por los diferentes gobiernos de turno?
En el caso particular de las elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela, el proceso de impugnación era el dispuesto en la Constitución y legislación aplicable. El foro donde la oposición tenía que presentar sus alegaciones era el establecido por la Constitución de Venezuela y su ley electoral y no fuera del mismo. No se le puede requerir al presidente Maduro o al PSUV que produzca las llamadas actas ante organismos internacionales, cuando donde debía debatirse cualquier señalamiento sobre alegadas irregularidades era ante los organismos adjudicativos creados por la Constitución o la Ley en Venezuela.
La oposición venezolana, junto al coro de países de la Unión Europea, algunos países latinoamericanos y Estados Unidos, o a través de voces como la del Senador Efraín Cepeda y otros líderes opositores de Colombia, gritan a toda voz que “en Venezuela no hay elecciones libres”, que su gobierno debe “romper relaciones con Venezuela”, a lo que el presidente colombiano Gustavo Petro ha respondido:
“No hay elecciones libres bajo bloqueos económicos extranjeros. Un bloqueo es la máxima aniquilación del voto que deja de ser completamente libre. Es la máxima interferencia contra la libertad antes que las cadenas físicas suenen. Fue un enorme error que países poderosos del mundo presionen elecciones bajo bloqueo económico en América Latina.
Los problemas de América Latina los debe resolver América Latina, nuestra relación con el mundo debe ser en pie de hermandad y en pie de dignidad e igualdad.
No me exijan que ayude a bloquear a un pueblo hermano con el hambre, que será nuestra propia hambre. Jamás en un demócrata y en un progresista pueden encontrar la más mínima disposición a ser el Caín de la historia, el Caín de América.”
Concluye sus palabras el presidente colombiano indicando que es al pueblo venezolano a quien corresponde “decidir libre, completamente libre de quienes codician petróleos, o la servidumbre de los pueblos.”
La realidad sin embargo, al examinar las pasadas elecciones en Venezuela nos demuestra que ha sido muy ardua la lucha del pueblo venezolano por seguir adelante, con sus altas y bajas, en su ejercicio soberano. Más de una década inmediata de medidas injerencistas contra el gobierno venezolano pueden resumirse de la siguiente manera:
En diciembre de 2014 se aprobó por el gobierno de Estados Unidos la llamada “Ley en Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela”. Esta facultó al presidente Barack Obama a imponer el bloqueo de activos económicos venezolanos; establecer restricciones a las propiedades de venezolanos en Estados Unidos; y la revocación de visados y otros documentos emitidos conforme la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.
A partir de esta Ley se asignaron fondos millonarios para la alegada defensa de los derechos humanos en Venezuela; aumentar las capacidades de la sociedad civil en dicho país; apoyar a medios de comunicación independientes procurando el acceso de éstos al internet; mejorar la transparencia gubernamental y rendición de cuentas; y ayudar a la sociedad civil, periodistas y manifestantes que el presidente de Estados Unidos determine hayan sido víctimas de represión.
El 12 de febrero de 2015 se produjo una intentona golpista contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El 9 de marzo de 2015 el presidente Barack Obama promulgó una Orden Ejecutiva titulada “Contributing to the Situation in Venezuela”.
En el año 2015 Estados Unidos hizo público escrito titulado “Estrategia Nacional de Seguridad (2015)”. En ese momento el gobierno de Estados Unidos había hecho al menos 11 pronunciamientos y cuatro comunicados contra Venezuela.
Entre el 28 de febrero y el 19 de abril de 2015 el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en 4 sesiones extraordinarias del organismo, aprobó resoluciones contra Venezuela sin que hubiera consenso de los países integrantes de la OEA.
En el marco del 81 Aniversario de la fundación de la Guardia Nacional, durante el desfile militar, hubo un fallido atentado con explosivos contra el presidente Maduro utilizando dos drones cargados con explosivos.
En 2017, el presidente Donald Trump en reunión a puertas cerradas con asesores, funcionarios y presidentes de la región, discutió el tema de una intervención militar a Venezuela.
En mayo de 2018 Trump estableció sanciones al transporte de petróleo a Cuba.
En los días 19 y 22 de julio de 2018, aviones espías de Estados Unidos volaron en las inmediaciones del espacio aéreo de Venezuela.
El 1 de agosto de 2018 Trump amenazó a Venezuela con una “cuarentena”.
El 11 de agosto de 2018 Trump planteó que la opción militar contra Venezuela era una opción real.
En Puerto Rico, el gobernador Ricardo Rosselló ofreció el país como plataforma de intervención contra el gobierno de Venezuela. Indicó que Puerto Rico sería un “centro logístico” desde donde se prepararía la transición de Venezuela hacia una democracia plena”. Rosselló ofreció al país como sede de una llamada “Comisión de Reconstrucción de Venezuela” bajo la dirección de Antonio Ledezma, ex alcalde metropolitano de Caracas.
El 28 de octubre de 2018, en su discurso ante la ONU, Donald Trump se expresó contra el presidente Maduro, su gobierno y la revolución bolivariana, anunciando su intención de derrocarle e informando nuevas sanciones económicas a las que se sumaron la congelación de las operaciones de CITGO y se prohibieron las compras de Venezuela a empresas estadounidenses con dólares y amenazó con una intervención armada.
En julio de 2018 se congelaron por el llamado gobierno presidido por Juan Guaidó 32 toneladas de oro venezolano depositados en un Banco de Inglaterra, equivalentes a $2 mil millones.
En enero de 2019 Estados Unidos reconoció como presidente a Juan Guaidó; anunció sanciones contra la empresa venezolana Pdvsa y suspendió los vuelos comerciales. Venezuela, a su vez, suspendió sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos
El 5 de agosto de 2019 entró en vigor una Orden Ejecutiva aprobando nuevas sanciones contra Venezuela donde se menciona la desestabilización violenta, intentos de golpe de estado, la adopción de medidas económicas extraterritoriales; congelación de importantes activos materiales y monetarios en bancos extranjeros y de Estados Unidos y el bloqueo de Venezuela al sistema financiero internacional. Se estableció, además, prohibiciones de viajes a Venezuela.
Aún después de las elecciones, el 2 de septiembre de 2024, Estados Unidos, en un acto de piratería, incautó en República Dominicana el avión presidencial utilizado por Nicolás Maduro como Jefe de Estado y lo trasladó a Estados Unidos. Más recientemente el saliente presidente estadounidense, Joseph Biden, ha incrementado las recompensas por las capturas de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, presidente y vicepresidente de Venezuela respectivamente a $25 millones; y de $15 millones por la captura del Jefe de la Fuerza Armada Bolivariana, general Vladimir Padrino López.
En unos días Donald Trump tomará posesión del cargo de presidente de Estados Unidos. Se especula si con su llegada a la Casa Blanca, las relaciones hacia Venezuela mejorarán o empeorarán. Las recientes declaraciones de Trump con relación a Panamá y su intención de recuperar el control de lo que fue la Zona del Canal de Panamá podría apuntar también dada su cercanía en el Caribe al incremento de su interés sobre Venezuela, sus recursos naturales y aislar la influencia de países enemigos reales o potenciales de Estados Unidos en la región como son la Federación de Rusia, la República Popular China y la República Islámica de Irán con los cuales Venezuela mantiene estrechas relaciones. La jura de Marco Rubio como Secretario de Estado y sus posturas agresivas del pasado hacia Venezuela aumenta el potencial de peligro hacia Venezuela.
Posiblemente será en los próximos meses, cuando se defina más claramente las intenciones reales de la administración de Donald Trump hacia el Caribe, que incluye también su postura hacia Puerto Rico y Cuba, que irán definiéndose los nuevos escenarios. Hay que mantener ojo avizor.
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