Respuesta a Gabriel Boric, Presidente de Chile
El Capítulo Chile de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH), manifiesta su preocupación frente a la orquestada campaña mediática en contra de las elecciones en Venezuela. Para este efecto, se ha insistido en la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual no es sólo un organismo autónomo e independiente, sino también un quinto Poder del Estado. Su actuación es fiscalizada por todos los partidos políticos que existen en Venezuela.
A pesar del reconocimiento internacional de la seguridad del sistema electrónico para asegurar la transparencia del proceso, se insiste en que hubo fraude. Ello sirve para crear la imagen distorsionada de que el régimen sería una tiranía. Curiosa dictadura dónde los opositores han participado en las últimas 30 elecciones libremente, y que cuando la coalición gobernante ha perdido, ha reconocido su derrota.
Desde el Gobierno de Chile se hacen irresponsables declaraciones describiendo a Venezuela como un régimen con “derivas autoritarias”, al tiempo que se avala que la derecha golpista de ese país haya proclamado, sin fundamento, a su candidato como Presidente de la República, arrogándose para sí las funciones del Consejo Nacional Electoral. Se basa en un supuesto fraude y la evidencia sería las “actas” que subió a su página, en circunstancias que se pudo constatar que, en su mayoría, son falsas.
Es decir, la coalición opositora que dirige María Corina Machado, no sólo ha desconocido los resultados y publicado actas falsas, sino además no ha querido comparecer a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia a mostrar sus “actas”. Sabe que al presentar actas falsas, podría ser enjuiciada por falsificación de instrumento público.
El presidente Gabriel Boric ha decidido por sí y ante sí, asumir que en las elecciones presidenciales de Venezuela hubo fraude, sin medir las consecuencias que aquello tiene para América Latina. Se permite hablar del “autoproclamado presidente Maduro”, desconociendo que los cómputos electorales son responsabilidad del CNE. Peor aún, este “defensor de los derechos humanos y del estado de derecho” ha resuelto que todas las instituciones venezolanas carecen de veracidad y confiabilidad”. Por tanto, validará sólo los resultados que hayan sido verificados por entes externos a ese país, requisito que no se le exige sino a Venezuela.
El presidente Boric pretende situarse en un lugar de neutralidad. Sin embargo, al avalar la
hipótesis de fraude, se pone del lado de quienes asumiéndose como “defensores de la democracia” promueven la intervención de Estados Unidos y hacen llamados a la sedición de las Fuerzas Armadas a través de golpes de Estado. Cabe recordar que en el más reciente golpe de Estado acaecido en nuestra región, el año 2019 en Bolivia, la OEA dictaminó a priori que hubo elecciones fraudulentas, debiendo reconocer más tarde que se había equivocado.
Hacemos un llamado urgente al gobierno de Gabriel Boric, a revisar los lineamientos de su política exterior, que no se condice con su programa de gobierno ni con la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo que lo llevó hasta la presidencia de Chile.
Esperamos que Chile pueda aportar en la solución de la situación venezolana, por lo que
hacemos un llamado a que se sume a la propuesta de los gobiernos de México, Brasil y
Colombia, quienes, junto con confiar en la presentación de las actas por parte del CNE en la
Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, reconocen que ése es el único organismo que le corresponde por mandato legal, la divulgación de los resultados electorales. Si bien reafirman la conveniencia de la verificación imparcial de los resultados, esto debe efectuarse respetando el principio fundamental de la soberanía nacional. Las soluciones al conflicto deben producirse de un diálogo entre las partes en Venezuela.
Exigimos al gobierno del Presidente Boric, desarrolle una política exterior con autonomía, alejada de las directrices de los Estados Unidos, que como bien da cuenta nuestra historia reciente, sólo trae consigo la violencia, la ruptura de la democracia, y la violación del derecho a la autodeterminación de los pueblos.
Santiago de Chile, 10 de agosto de 2024.
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